Así, señala que los costes que conllevan este tipo de operaciones son: gastos de cancelación de hipoteca antigua (según condiciones firmadas), gastos de apertura de la nueva hipoteca, gastos de cancelación del resto de préstamos personales, nuevos gastos notariales, registrales y de tasación, y gestoría.

A éstos hay que añadir la comisión por intermediación de la reunificadora, que puede oscilar entre el 3 y 7% del importe de la operación.

Además, señala que con la actual legislación, el consumidor debe de tener en cuenta la diferencia entre el tipo de interés antiguo y nuevo, el nuevo plazo durante el que pagará el crédito –cuanto más amplio más intereses a pagar, y por tanto mayor nivel de endeudamiento–, y los gastos totales a pagar incluyendo comisiones y gastos de gestión.

Asimismo, el cliente debe saber que estas empresas no están controladas por el Banco de España. Al respecto, Thader informa de que existe un anteproyecto de Ley sobre el que se está trabajando y cuya entrada en vigor se estima se producirá antes del verano de 2008. Con este anteproyecto, la empresas serán supervisadas por organismos de Consumo.

Entre las medidas que contempla este anteproyecto está la inscripción de las empresas en registros públicos para su verificación por el consumidor y que las tarifas se plasmarán en un folleto, especificando entre otras, la TAE de manera clara y concisa.